Otra vez hemos comprobado que cuando las instituciones y la sociedad civil trabajan juntas, SÍ SE PUEDE.
En el mes de febrero la AVB presentó en pleno una propuesta de acuerdo para parar una directiva que la Comisión Europea pretendía aprobar, conocida como Directiva de Notificación de Servicios. Nuestra iniciativa fue apoyada por UCIN y PSOE-IU, y el PP se abstuvo.
Junto a muchos ayuntamientos y organizaciones sociales de toda Europa hemos conseguido que los gobiernos del Consejo no hayan podido ponerse de acuerdo sobre una posición común, y algunos se han opuesto al impulso de la propuesta.
El Parlamento Europeo ha abandonado el expediente. Solo volverá a ser una amenaza si la próxima Comisión decide cambiar la propuesta.De haber salido adelante, los ayuntamientos habríamos estado obligados a obtener autorización previa de la Comisión Europea antes de aprobar ordenanzas, planeamiento o modelos de gestión de nuestros servicios.
Habría provocado atrasos innecesarios en el abordaje de las necesidades sociales y habrían quedado más limitadas todavía la democracia local y la capacidad de los ayuntamientos para llevar a cabo políticas sociales, laborales y ambientales a favor de nuestras poblaciones. Invocando que atenta contra la libertad de mercado, la Comisión habría llegado a poder prohibir, por ejemplo, crear una empresa pública de agua o de energía, regular los pisos de uso turístico, aplicar medidas para garantizar el derecho efectivo a la vivienda, o incluir determinadas cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública.
Probablemente la Comisión Europea, empujada por los grandes lobbies, vuelva a intentar sacar adelante una directiva similar.
Esta contienda debe servir como una llamada de atención para todos los y las que se preocupan por la democracia local; para unir sus fuerzas e identificar formas de garantizar el derecho a tomar decisiones que defiendan y amplíen el bienestar, para asegurar servicios públicos universales y dar forma a ciudades de acuerdo a los deseos de quienes viven en ellas.
Seguiremos participando para defender la democracia y la autonomía local y los servicios públicos que atienden los derechos de la ciudadanía.
